España ante la justicia europea por violaciones de la normativa ferroviaria

Si bien España, tras distintas advertencias de la CE, modificó su ley sobre la determinación de los cargos por infraestructura de forma que pudiera cumplir con los requisitos establecidos en la Directiva, aún no ha implementado este cambio

La Comisión Europea considera que, a menos que se tomen medidas rápidamente, las tasas de acceso a las vías se considerarán impuestos de facto, corriéndose el riesgo de que se mantenga el antiguo sistema hasta los próximos dos años; según una información del portal especializado Railtech.

Las empresas ferroviarias, que han venido reclamando la aplicación de la normativa sobre cánones, se verían imposibilitadas de poder impugnar los derechos de acceso a las vías al estar recogidas en una ley.

Las normas de la UE en cuestión están contempladas en la Directiva 2012/34/UE, por la que se establece el denominado Espacio Ferroviario Europeo Único (SERA), en la cual se establece la independencia de los administradores de infraestructuras ferroviarias en la asignación de capacidad a los operadores ferroviarios y en la determinación y recaudación del canon

La independencia de Adif “no está asegurada”

Además, la CE considera que no está garantizada la independencia de los consejos de Adif y de la empresa ferroviaria establecida.

“Teniendo en cuenta la composición del consejo de administración, que es designado por el Ministerio de Transportes, el derecho del Ministerio a poner fin a los mandatos de sus miembros y las normas de toma de decisiones, se debe concluir que el Estado puede efectivamente ejercer una influencia decisiva en el consejo de administración, incluidas las decisiones relativas a los precios de los billetes”, afirma la CE

Por otra parte, apunta que en los contratos entre el Gobierno español y el administrador de infraestructuras faltan "elementos clave", como los indicadores de desempeño relacionados con la eficiencia y la disminución de los costes de acceso.

En abril pasado, la directora general de Ouigo España, Hélène Valenzuela, instó a Adif, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, a hacer una revisión de los cánones que cobra a las operadoras y alcanzan el 70% de los costes de lanzamiento para las compañías entrantes en el mercado.

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